La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) notificó este viernes a las partes que “conforme fuera requerido por la Magistratura interviniente, hágase saber a las partes que queda establecida la continuidad de la audiencia de apertura de la causa a juicio a partir del día lunes 30 de junio de 2025 a    las 9.00 horas, en el Salón de Audiencias Nº 1, acorde al cronograma dispuesto en fecha 26 de diciembre de 2024”.
La “Magistratura interviniente” es la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata. La jueza resolvió el martes 17 de junio “denegar los recursos de apelación interpuestos” por las defensas de los 18 imputados que quedaron en proceso tras la desvinculación de 14 que fueron beneficiados con la concesión de la Suspensión del juicio a prueba o Probation, en 12 casos; con el juicio abreviado en uno; y con el sobreseimiento por el retiro de los cargos por parte de Fiscalía, en otro. También tuvo presente las reservas casatorias y del caso federal formuladas por los defensores.
Barbagelata resolvió sobre los recursos de apelación que presentaron José Velázquez y Agustín Fontana, defensores de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Iván Vernengo y Damián Petenatti, defensores de Alfredo Bilbao; Tomás Vírgala, por Ariel Faure; y Miguel Ángel Cullen y Pablo Hawlena Gianotti, el primero como defensor de los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Aurora Pérez, Maximiliano Degani y Pedro Eduardo Opromolla; y el segundo codefensor del imputado, Jorge De Breuil; contra “algunas de las decisiones adoptadas en audiencia, el 9 de junio de 2025, en tanto rechazan los planteos de exclusiones probatorias deducidos por los impugnantes, durante la mencionada audiencia”.
A juicio
La jueza sostuvo que “de conformidad a lo establecido legalmente y sostenido doctrinaria y jurisprudencialmente, entiendo que las decisiones que las Defensas pretenden poner en crisis ante el tribunal de alzada, no reúnen tal carácter, toda vez que no puede causar gravamen irreparable, cuando aún resta la instancia de juicio donde las pretensas impugnantes tendrán la posibilidad de intentar demostrar ante el tribunal de juicio, el error de lo que se ha resuelto”.
Añadió que “la existencia de dicha oportunidad procesalmente útil para reparar el perjuicio que irroga la resolución, ante un tribunal que eventualmente pueda considerar que le asiste razón a la Defensa y que tales elementos no deben valorarse por ser inválida su cosecha, pone de manifiesto que si hipotéticamente el decisorio impugnado causa perjuicio, éste puede ser reparado en la instancia de debate, perdiendo así el gravamen, el carácter de irreparable, y consecuentemente, la resolución que lo causa, su condición para ser impugnable”.
En la audiencia del 9 de julio, la jueza desestimó los planteos de exclusión probatoria de testigos y contratados; de exclusión probatoria del disco rígido con videofilmaciones de las entrevistas a esos testigos; los planteos de exclusión probatoria de la documentación secuestrada en los domicilios de calle Isidoro Almeida Nº 1605 y Nº 1622 de Paraná; el planteo de exclusión probatoria de la evidencia digital, de las actas e informes técnicos que dan cuenta del modo en que fue recabada y su contenido; de los soportes de almacenamiento de esa evidencia digital y de los dispositivos de los que fue extraída.
La causa investiga la supuesta sustracción de sumas millonarias de las arcas públicas mediante la realización de contratos de obra en ambas Cámaras de la Legislatura entrerriana durante la década comprendida entre 2008 y 2018. Se sostuvo que las personas que eran destinatarias de los contratos solo ponían su nombre y por eso percibían una suma ínfima respecto al monto del contrato suscripto.