El problema que enfrenta la gestión Milei es la objeción a los procesos judiciales inconclusos, en donde se cruzan tramas de corrupción y posible lavado de activos financieros. En Paris quieren que la Argentina cuente con mayores medios para la investigación de comportamientos sospechosos, que permitan más acciones cuando se detecte una irregularidad. Pero, especialmente “una acción judicial más efectiva, con más magistrados y sanciones disuasorias y proporcionadas”. Es un requisito habitual a los países que están en lista gris.
El fallido paso de una consultora, el juez Lijo y las causas K
Un hecho que generó ruido en el GAFI fue la frustrada intervención de la consultora K2 Integrity, representada en el país por el ex jefe de la UIF durante la gestión Cambiemos, Mariano Federici. La firma internacional, que se especializa en temas de antilavado, participó de reuniones de análisis, pero luego quedó marginada por falta de acuerdo con el Gobierno, aunque se hizo de información privilegiada.
“Esa desprolijidad dejó un mal antecedente”, señaló un experto en la materia. Justamente, el ex funcionario macrista fue un crítico del juez y candidato del oficialismo para integrar la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo, por haber dejado “planchada la parte restante de la investigación financiera para garantizarle la impunidad a (Amado) Boudou y a algunos empresarios poderosos vinculados al financiamiento político de Sergio Massa”.
La revisión del estatus de la Argentina es parte de la herencia extendida que recibió Milei. Sucede que la pandemia hizo pasar por alto la calificación que el país debía enfrentar en 2020, cuando estaba cuestionada la acción judicial por la propia UIF, que había sido comandaba hasta diciembre de 2019 por el cuestionado Federici. En el medio, pasó la gestión de Alberto Fernández, con Carlos Cruz y Juan Carlos Otero como interventores del organismo antilavado.
Las críticas del GAFI hacia el trabajo antilavado está fuera del control del Gobierno y es lo que preocupa a los intermediarios. “Se trata de una resolución política y está vinculado con la potestad que le darán a Milei de aumentar el flujo de dólares en el país, muchos de los cuales dejarán los mal llamados paraísos fiscales para instalarse en la Argentina, bajo las condiciones extraordinarias del blanqueo y el desarrollo de actividades de alto rendimiento, como las energéticas y las mineras”, sintetizó otra fuente conocedora del tema.
