La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná —integrada por las juezas Cintia Graciela Gómez y Beatriz Estela Aranguren, y el juez Mateo José Busaniche— ratificó la prisión preventiva y el procesamiento del comisario y abogado Daniel Alejandro Rosatelli por el transporte de 1.345,51 kilogramos de marihuana secuestrados en el departamento La Paz.
Con este fallo, la Alzada rechazó la apelación de la defensa y respaldó de forma integral la hipótesis delictiva construida por el juez Leandro Ríos, titular del Juzgado Federal N° 1 de Paraná. El procesamiento había sido duramente criticado por los abogados de Rosatelli.
La resolución ratifica la responsabilidad imputada a Rosatelli como coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas, en concurso real con falsificación ideológica de documento automotor, lesiones graves y amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego.
Aunque el acusado no estuvo físicamente presente al momento del secuestro del vehículo el 13 de febrero de 2026, los magistrados determinaron que desempeñó una función articuladora decisiva en la preparación de la logística.
Al respecto, el tribunal definió de manera categórica que “en estructuras delictivas organizadas, caracterizadas por la distribución de funciones, no resulta necesario que quien proporciona los medios logísticos mantenga contacto directo con los ejecutores materiales”.
Para la Cámara de Apelaciones, la investigación reúne “indicios unívocos, serios y concordantes sobre la hipótesis investigada” que posicionan a Rosatelli en el núcleo de la ingeniería operativa y económica.
Según se dio por probado provisoriamente, el oficial encomendó a Martín Reynaldo Pelizzari la adquisición de la camioneta Citroën Jumper el 4 de noviembre de 2025, sirviéndose de intermediarios y transferencias a nombre de Claudio David Luna para ocultar quién era el comprador real.
Los jueces enfatizaron que el imputado poseía la “capacidad económica para intervenir en la adquisición del vehículo investigado” y remarcaron que su condición de funcionario policial “adquiere relevancia en atención a los conocimientos y relaciones derivados del ejercicio de dicha función”.
Asimismo, el tribunal vinculó la agresión a golpes sufrida por Sixto Maciel el 12 de noviembre de 2025 en la sede de una ONG con la intención de neutralizar la denuncia por estafa planteada por el vendedor de la furgoneta, Jonatan Barbieri.
La Cámara concluyó que ese hecho de violencia contra Maciel “revela una capacidad concreta de intimidación y presión sobre terceros” dirigida a sostener la disponibilidad del furgón que terminaría cargado con el estupefaciente. Al denegar la libertad, la Alzada dictaminó que la privación cautelar es la opción “más idónea, necesaria y proporcionada para asegurar -con efectividad- la comparecencia y sujeción de aquéllos al proceso y, a su vez, despejar las posibilidades de entorpecimiento u obstaculización de la investigación”, confirmando en simultáneo los procesamientos de Martín Pelizzari, Claudio Luna, Alan Favieri y José Belén Favieri.



























