La decisión se enmarca en la facultad prevista por la Ley 27.742 y busca sostener el flujo de proyectos de gran escala. El esquema incorpora nuevos desarrollos de petróleo y gas y fija un piso de inversión de 600 millones de dólares para iniciativas vinculadas a la explotación y producción de hidrocarburos en tierra.
El decreto establece que serán considerados nuevos desarrollos aquellos ubicados en áreas sin explotación significativa al momento de la sanción de la norma y que no registren inversiones previas en producción al momento de solicitar su adhesión. Para proyectos costa afuera se fijó un mínimo de USD 200 millones, acorde al nivel de riesgo e intensidad de capital.
También se incorporaron criterios para evitar la fragmentación artificial de proyectos y se definieron exigencias de trazabilidad cuando convivan actividades alcanzadas y no alcanzadas por el régimen en una misma área.
Cambios en tecnología, amortizaciones y divisas
La reglamentación amplía la definición de ampliación de proyectos preexistentes, en especial en sectores tecnológicos como biotecnología, nanotecnología, movilidad eléctrica, software, robótica, inteligencia artificial e industria aeroespacial. En estos casos, se contemplará la incorporación de nuevos productos con cambios tecnológicos sustanciales, siempre que superen una inversión mínima de 250 millones y tengan ciclos de mercado de hasta 10 años.
En materia tributaria, se precisó el alcance de la amortización acelerada y se habilitó su uso para obras de infraestructura, plantas de procesamiento e instalaciones vinculadas a cada iniciativa. Además, se ajustaron disposiciones sobre distribución de dividendos, importación de bienes de capital y acceso al mercado de cambios.
Proyectos en marcha y beneficios
El Gobierno informó que ya hay 10 proyectos aprobados por 25.479 millones en sectores como energía, minería e infraestructura, distribuidos en distintas provincias del país, mientras otros continúan en evaluación.
El régimen contempla incentivos fiscales y cambiarios para atraer inversiones de gran escala, entre ellos la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35 por ciento al 25 por ciento, beneficios en IVA, exenciones de derechos de exportación y mecanismos específicos para la resolución de controversias.
Con la prórroga y las modificaciones, el oficialismo busca consolidar al RIGI como una herramienta central para captar capitales y acelerar el desarrollo de sectores estratégicos, en especial el energético.
